El gobierno mexicano tiene hasta septiembre para alcanzar un acuerdo con el comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y evitar que el caso sea llevado ante la Asamblea General. De no lograrse, la situación podría escalar hasta la Corte Penal Internacional.
México se encuentra bajo la lupa internacional por la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta. El CED, un organismo de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, podría llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre o principios de octubre. El Comité sesionará del 29 de septiembre al 3 de octubre, y durante esas fechas evaluará si la situación en México representa una desaparición sistemática o generalizada, lo que justificaría su presentación ante el pleno del organismo.
Desde el pasado 4 de abril, el CED activó un mecanismo excepcional contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, utilizado solo en casos graves; su presidente, Oliver de Frouville, afirmó que cuentan con información suficiente para considerar que este fenómeno ocurre de manera extendida en el país.
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar; la administración de Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería, negó que en México exista una política de desaparición forzada desde el Estado. La CNDH, encabezado por Rosario Piedra, calificó las afirmaciones del CED como “descontextualizados”, mientras que el Senado, liderado por Gerardo Fernández Noroña, solicitó incluso la destitución de De Frouville por lo que consideró una “acusación infundada”.
También te puede interesar: Una CNDH ausente: Rosario Piedra y las voces que piden su renuncia
por su parte, Sheinbaum ha defendido que su gobierno, así como administraciones anteriores, lucharon históricamente contra la desaparición forzada, y reiteró que no hay órdenes estatales para desaparecer persona.
Durante los próximos meses, el CED enviará una serie de requerimientos al gobierno mexicano, solicitando información detallada sobre las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar las desapariciones forzadas. La calidad y transparencia de estas respuestas serán clave para determinar si se alcanza un acuerdo o si el tema se internacionaliza aún más.
De llegar a la Asamblea General, México deberá negociar directamente con el secretario general de la ONU, António Guterres. Lo que se vote en el pleno dependerá del consenso alcanzado previamente entre ambas partes.
Fuente: EL UNIVERSAL